El tira y afloja entre usuarios, fabricantes de dispositivos, autores y la Administración en torno a los derechos de autor ha hecho que el canon digital se haya convertido en un tema bastante polémico y se haya judicializado en múltiples ocasiones. Ahora, la famosa tasa con la que se intenta compensar a los autores de derechos por la reproducción de sus obras vuelve a escena.
Según fuentes consultadas por El País, el Ministerio de Cultura y las entidades de gestión han alcanzado un acuerdo sobre el nuevo modelo de canon, que según esas mismas informaciones debería entrar en vigor el 1 de enero del año que viene. La fórmula es bastante similar a la vigente en 2011, cuando el PP decidió que la compensación saliera de los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, del bolsillo de todos los españoles. Una medida que, por otro lado, fue anulada por el Tribunal Supremo recientemente.
Es decir, el nuevo canon que promueven ahora la Administración y los autores volverá a salir del precio de los soportes de grabación y reproducción de contenidos, como el CD, el móvil o las memorias USB. En principio serán los fabricantes o importadores de estos aparatos los que abonen la tasa, aunque nada dice que no puedan repercutirla a los compradores en el precio de los productos.
La novedad ahora es que las empresas y las Administraciones públicas estarán exentas de pagar la tasa. Asimismo, todas aquellas personas físicas y jurídicas que lo deseen podrán pedir un reembolso si demuestran el fin profesional de las copias. De esta manera, el nuevo canon se brinda frente a sentencias como la del Tribunal de Justicia Europeo, que en 2010 señalaba la ilegalidad que suponía su aplicación a compañías y sector público.
Según la información de El País, el borrador de real decreto que prepara el Ministerio de Cultura y las entidades de gestión deberá tener el visto bueno de varios ministerios afectados y del Consejo de Ministros.
El canon, vuelve pues al centro del escenario político y social, y ahí las posiciones de unos y otros son bastante divergentes. Además, quedan en el aire todavía muchas preguntas. Falta saber qué dispositivos estarán sujetos a la tasa, cuánto deberán pagar o qué tasa deberán pagar los contenidos en la nube.
