La sociedad digital en nuestro país demanda un marco ético en el que la tecnología esté al servicio de las personas, que deben estar al frente de una transformación que amplíe las posibilidades y proyección personal de los ciudadanos, según el informe La Sociedad Digital en España 2018 que edita Fundación Telefónica. Esta realidad ha abierto nuevas oportunidades que suponen un cambio disruptivo en la manera en la que los españoles entendemos el mundo: estamos asistiendo, pues, a la evolución del usuario digital al ciudadano digital. Así, el informe hace hincapié en la necesidad de poner a las personas y sus derechos en el centro del debate.
Cada vez más facetas de nuestra vida están atravesadas por la tecnología y nuestro país se ha convertido en un verdadero exponente de esta realidad digital. En España hemos dado los primeros pasos hacia la nueva generación móvil 5G, una tecnología clave para la transformación digital de la economía y la sociedad. Ya somos líderes en el despliegue de redes de ultra banda ancha inteligente, dinámica y sostenible.
En 2018 el parque de líneas móviles siguió sumando clientes en España y cerró septiembre con la cifra récord de 53,4 millones, un 2,9 % más que el año pasado, que contaba 51,8 millones de líneas. Esto supone que la penetración es ya de 114 líneas por cada 100 habitantes, por encima de la media global, fijada en 104 por cada 100 habitantes. La cobertura de las redes 4G (LTE) alcanzó al 97,2 % de la población, cuando en 2014 era de solo un 47,8 %.
Además, España tiene un nivel de penetración de fibra óptica hasta el hogar del 71%, cifra superior a la suma de los porcentajes de Reino Unido, Francia y Alemania juntos. Y en el marco de la OCDE nuestro país únicamente es superado en hogares con fibra por Corea del Sur y Japón.
Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas
La Inteligencia Artificial también llega a nuestro país de la mano de la hiperconectividad. España ya cuenta con una red de ciudades inteligentes que se extiende a 65 urbes, entre ellas Barcelona, que acaba de ser elegida, junto a Singapur y Londres, como una de las ciudades más inteligentes del mundo. La ciudad condal ha creado alrededor de 47.000 empleos mediante la implementación del Internet de las Cosas, se ha ahorrado 42,5 millones en agua y ha generado un extra de 36,5 millones cada año gracias a las soluciones de aparcamiento inteligente. Comenzaron además a aparecer en las fábricas españolas los cobots: robots que colaboran con los empleados, con los que comparten espacio y que mejoran las condiciones laborales de las personas, como el riesgo de sufrir lesiones por tener que hacer tareas repetitivas.
Por otro lado, el informe señala que en España existen al menos 10.000 puestos de trabajo sin cubrir en el sector digital por falta de perfiles cualificados: ingenieros de software y programadores full-stack; especialistas en Big Data, Business Intelligence y tratamiento de datos; diseñador visual de interfaces (UI) o de experiencia de usuario (UX), ingenieros especializados en robótica y expertos en metodologías agile, etc.
Retos de la sociedad digital en España
España tiene la oportunidad de aprovechar las nuevas fuentes de crecimiento que representan las nuevas tecnologías digitales, en un contexto de dinamismo económico, inclusión social y confianza ciudadana. Estos son algunos de los retos que el informe identifica para el futuro inmediato.
1) Dinamizar la economía digital: transformar este potencial en la base dinamizadora de la economía digital en España. Aprovechar las oportunidades de la economía digital podría suponer, para España, un crecimiento económico adicional de entre un 1,3% a un 1,8% del PIB hasta el año 2025.
2) El fomento del capital humano: en el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) de 2018 España escaló a la décima posición, pero en “capital humano”, es decir, en habilidades y preparación digital de la población, se situó en la posición 14, una puntuación que, aunque está por debajo de la media europea. Esto supone para nuestro país una gran oportunidad hacia la “nueva empleabilidad”, los nuevos trabajos del presente que demanda el mercado laboral.
3) El fomento del emprendimiento digital: debe considerarse una prioridad en el corto y medio plazo. Los planes anunciados por el gobierno deben eliminar las trabas regulatorias, mejorar el acceso a la financiación alineando y simplificando los diferentes instrumentos existentes y promover la internacionalización y el crecimiento de nuestro ecosistema de startups digitales.
4) La formación en competencias digitales para el empleo: comparada con la Unión Europea, España se encuentra por debajo de los niveles de contratación de profesionales especializados en tecnologías digitales y, aunque la brecha de competencias digitales se está cerrando, todavía nos encontramos por debajo de la media europea.
5) Potenciación de la Industria Conectada 4.0 mejorando la adaptación y el liderazgo de las pequeñas industrias españolas al contexto de la digitalización.
6) Mejorar la regulación para promover el crecimiento de las empresas y la adopción de nuevas tecnologías y procesos digitales, contribuyendo activamente al establecimiento del mercado único digital de la Unión Europea.
7) No dejar a nadie atrás en la sociedad conectada: el reto es garantizar que el despliegue de las nuevas redes se realice de una manera inclusiva, habilitando las capacidades personales y sociales para eliminar brechas digitales y permitir que todas las personas se beneficien de las nuevas oportunidades.
8) Nuevos enfoques educativos que permitan desarrollar las capacidades y conocimientos necesarios, no solo en el ámbito de las denominadas competencias STEM, sino también en la capacidad de trabajar de manera flexible la creatividad, la capacidad de análisis y resolución de problemas complejos, entre otras habilidades. Nuestro sistema educativo debe comenzar a preparar a los trabajadores y ciudadanos digitales de un futuro próximo.
9) Nuevo escenario para la gestión, propiedad y uso de los datos generados por el tráfico digital. El incremento de los ciberataques o la entrada en vigor de la nueva directiva de protección de datos suponen un reto para esta transición del usuario digital al ciudadano digital, portador de derechos sobre su propia identidad digital y los datos que genera, cuyo uso debe hacerse siempre desde el consentimiento expreso y conociendo cuál es la finalidad del mismo.
10) Marcos más amplios y efectivos de transparencia y participación ciudadana en la Administración, de manera que la interacción con los gobiernos sea más flexible y permita un mejor ejercicio de los derechos de ciudadanía.
11) La dimensión ética de la Inteligencia Artificial y los algoritmos en los que se basan las plataformas.
12) Las plataformas digitales deben equiparar su elevada influencia en la economía y la sociedad actuales con una mayor responsabilidad, adoptando expresamente principios éticos para la protección y no discriminación de sus usuarios, y mejorando la transparencia y la capacidad de elección de los usuarios.
13) Establecer una Carta de los Derechos Digitales como instrumento que garantice una digitalización centrada en las personas, así como la protección de los derechos fundamentales tanto online como en el mundo real: el derecho a la intimidad, al propio descanso, a la preservación de la integridad personal y el honor, al testamento digital, el derecho al acceso a la información, etc.
14) Acometer una reforma en profundidad de las regulaciones de mercado. Se precisa un nuevo enfoque que combine la autorregulación de las empresas y de los diferentes sectores de la industria digital con una modernización de las políticas y una supervisión regulatoria actualizada, capaz de mantener la integridad en el mercado, la protección de los consumidores, y las normas sociales y ambientales.
15) Las empresas digitales deben regular sus prácticas de protección de consumidores y usuarios, la garantía de seguridad y privacidad y la corresponsabilidad con los impactos de la tecnología en la vida de las personas debería formar parte de sus códigos de conducta, estableciendo estándares internacionales en los que se incluya una conducta responsable en materia fiscal, para actuar de manera justa en aquellas sociedades en las que ofrecen sus servicios.
